Comprender Un Acuerdo De Enjuiciamiento Diferido (Deferred Prosecution Agreement) Cuando Enfrenta Cargos Penales Federales

Si enfrenta un cargo penal federal, aceptar un Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA) puede ser una estrategia importante de defensa. Estos acuerdos permiten al gobierno responsabilizar a una empresa por una conducta ilegal sin imponer una condena penal inmediata, evitando consecuencias graves como daño reputacional, grandes multas o incluso el cierre del negocio.

Beneficios de aceptar un DPA

Un DPA es un acuerdo cooperativo entre el acusado y los fiscales.

El fiscal acepta retirar los cargos si el acusado cumple ciertas condiciones, que pueden incluir:

Pago de multas
Compensación a víctimas
Implementación de reformas internas
Cooperación con la investigación

Estos acuerdos pueden reducir el encarcelamiento y minimizar la intervención penal, manteniendo la seguridad pública.

¿Qué es un DPA?

Es un acuerdo legal formal entre una agencia federal —como el Departamento de Justicia (DOJ) o la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)— y una empresa o individuo investigado por mala conducta.

El gobierno presenta cargos ante el tribunal pero solicita suspender el proceso mientras el acusado demuestra cumplimiento de la ley, por ejemplo:

Cooperando plenamente
Implementando programas de cumplimiento
Reparando el daño causado

Condiciones típicas del acuerdo

El acusado generalmente debe:

Pagar sanciones económicas
Renunciar a ciertos plazos legales
Admitir hechos relevantes
Cooperar con autoridades
Implementar medidas correctivas
Aceptar supervisión de cumplimiento (monitor corporativo)

El acuerdo también detalla cómo se calculan las multas conforme a las Guías Federales de Sentencia.

A diferencia de un acuerdo de no enjuiciamiento (NPA), el DPA requiere aprobación judicial.

¿Qué ocurre si se cumple el acuerdo?

Cumplimiento total: el gobierno solicita desestimar los cargos
Incumplimiento: el caso puede reactivarse y usarse cualquier admisión previa en su contra

Elegibilidad

Los DPA se utilizan principalmente para empresas, no individuos.

Los fiscales deciden ofrecerlo caso por caso considerando: